En este convulsionado escenario, el Gobierno colombiano ha dado un paso audaz al establecer una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio de Tibú mediante la Resolución 161 de 2025, como parte del proceso de paz con el Frente 33 de las disidencias de las FARC-EP (autodenominado Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio). Esta medida, de duración inicial siete meses, busca facilitar un cese al fuego y la concentración de ese grupo armado en un área rural determinada, con el objetivo de encauzar a sus miembros hacia la dejación de armas y la vida civil. Los integrantes del Frente 33 dispondrán de 45 días para trasladarse a la zona designada, donde gozarán de garantías de seguridad mientras dure la concentración. Desde una perspectiva política y social, la creación de esta ZUT se erige como un símbolo de esperanza para consolidar la paz en el Catatumbo y proteger a sus comunidades; sin embargo, también conlleva desafíos importantes en materia de seguridad, legitimidad territorial, verificación de compromisos y presencia efectiva del Estado.

Un mecanismo político y simbólico para consolidar la paz.

La decisión de crear la ZUT en Tibú envía un fuerte mensaje de voluntad de paz por parte del Gobierno nacional. Políticamente, demuestra que el Estado colombiano está dispuesto a explorar mecanismos innovadores para poner fin a la violencia en regiones históricamente afectadas. Esta zona temporal de agrupamiento recuerda a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización establecidas tras el Acuerdo de Paz de 2016, donde miles de excombatientes de las FARC se concentraron para dejar las armas y reingresar a la vida civil . Al igual que entonces, ahora se busca generar confianza mutua: el Frente 33 se compromete a suspender acciones armadas y reunirse en un lugar determinado, mientras el Gobierno garantiza su seguridad jurídica y física durante el proceso. Es un gesto simbólico potente que reconoce la posibilidad de reincorporación de esta facción disidente a la legalidad, enviando a la vez un mensaje de esperanza a las comunidades locales, cansadas de ser víctimas del fuego cruzado.

Este esfuerzo se enmarca en la política de “Paz Total”, definida por la Ley 2272 de 2022 como una política de Estado prioritaria, participativa, incluyente e integral. Dicha ley que prorroga y modifica la Ley 418 de 1997 sobre orden público, faculta al gobierno para entablar diálogos y acuerdos con grupos armados al margen de la ley. Basado en esta normativa, el presidente Gustavo Petro expidió la Resolución 161/2025 utilizando herramientas legales que han probado su eficacia en procesos de paz anteriores. Por ejemplo, la resolución invoca el artículo 8 de la Ley 418 (modificado por la Ley 2272) para suspender las órdenes de captura (incluidas con fines de extradición) en contra de los miembros acreditados del Frente 33 mientras permanezcan en la ZUT. Esto no es una concesión arbitraria, sino un paso necesario para viabilizar el diálogo: en palabras de la Ley 2272, los instrumentos de la paz total deben buscar “el logro de una paz estable y duradera, con garantías de no repetición (…), evitando la impunidad y garantizando en lo posible los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”. Suspender temporalmente las acciones penales contra los negociadores facilita su tránsito a la legalidad y crea condiciones para avanzar en acuerdos humanitarios sin poner en riesgo sus vidas.

Más allá del plano legal, la ZUT tiene un alto valor simbólico. El Catatumbo ha sido un territorio donde el Estado ha tenido presencia precaria o intermitente, lo que derivó en que guerrillas, paramilitares y economías ilegales disputaran el control de la zona durante años. Ahora, al establecer oficialmente una “zona de paz” temporal bajo supervisión estatal, se reivindica la autoridad del Estado y se reconoce la urgencia de proteger a la población civil. La resolución deja claro que en la ZUT “las autoridades civiles continuarán ejerciendo sus funciones (…) sin ninguna excepción”, reafirmando que el Estado de Derecho se mantiene vigente en ese territorio. Esto busca disipar temores de “territorios vedados” o vacíos de soberanía: la ZUT no es una república independiente para los alzados en armas, sino un espacio controlado y asistido por las instituciones para facilitar su desmovilización. En términos simbólicos, es un acto de reconocimiento aunque tácito de que la paz debe incluir también a quienes no se acogieron al acuerdo de 2016. Integrar al Frente 33 en un proceso de paz demuestra coherencia con la Paz Total y envía un mensaje internacional positivo: Colombia persiste en acabar el conflicto por la vía negociada, extendiendo la mano incluso a disidencias rezagadas.

Otro aspecto valioso es que este piloto en Tibú podría ser replicado con otros grupos. La intención oficial es que la experiencia con el Bloque Magdalena Medio (Frente 33) sirva para extender el modelo a otras estructuras dissidentes de las FARC-EP e incluso a otros actores armados. Si la ZUT prospera, es decir, si logra mantener el cese al fuego, avanzar en la dejación de armas y comprometer al grupo con proyectos productivos, sentaría un precedente alentador para futuras negociaciones. Consolidar la paz en el Catatumbo tendría un impacto regional significativo, dada la posición estratégica de esta zona (vecina a Venezuela y con extensos cultivos de coca). Una pacificación efectiva allí reduciría la violencia en la frontera, mitigaría el narcotráfico y mejoraría las condiciones de seguridad en una de las regiones más conflictivas del país. Las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes del Catatumbo serían las principales beneficiarias de que los fusiles callen: podrían retomar sus proyectos de vida sin el asedio de actores armados, mientras llega la tan anhelada inversión social del Estado en infraestructura, sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo rural.

Beneficios concretos para las comunidades del Catatumbo.

Además del mensaje político, la ZUT de Tibú conlleva beneficios tangibles si se implementa con rigor. En primer lugar, debe traducirse en una reducción inmediata de la violencia en la zona. Desde la expedición de un decreto preliminar en abril de 2025 se suspendieron las operaciones militares ofensivas contra el Frente 33, y con la entrada en la ZUT se espera que esta disidencia cese también sus acciones armadas. Esto supone un respiro humanitario para la población: se busca evitar tragedias como las vividas en enero, cuando civiles quedaron atrapados entre el fuego cruzado de guerrillas rivales. Al concentrar a los combatientes en un área acordada y apartada de los centros poblados, se minimiza el riesgo de enfrentamientos o ataques que afecten a terceros. La resolución establece expresamente que el Gobierno garantizará la seguridad tanto de los miembros del Frente 33 como de las comunidades locales, en cumplimiento de su deber constitucional. En otras palabras, la ZUT no solo protege a los excombatientes durante su tránsito a la legalidad, sino que protege a la población civil circundante al evitar operaciones bélicas en la zona.

En segundo lugar, la ZUT abre la puerta a la acción integral del Estado en el territorio. Todas las entidades del Ejecutivo, desde el nivel nacional hasta el local, están llamadas a concurrir con programas y proyectos para atender las necesidades de la zona. Esto incluye llevar ayuda humanitaria inmediata, pero también emprender iniciativas de mediano plazo en educación, salud, vías terciarias, sustitución de cultivos de uso ilícito y desarrollo económico. De hecho, entre los compromisos fijados en la resolución están la sustitución de economías ilícitas por producción alimentaria, la reparación de las víctimas, la búsqueda de personas desaparecidas y el apoyo al desminado humanitario. Tales medidas abordan de manera directa problemas que han perpetuado el conflicto en el Catatumbo: la economía cocalera, la ausencia de justicia para las comunidades afectadas y el peligro de minas antipersonal en campos y caminos. Si el Estado cumple estas promesas, las comunidades locales podrían empezar a sentir una mejoría real en sus condiciones de vida, consolidando la confianza en la paz.

Finalmente, el proceso mismo de la ZUT permite encauzar al Frente 33 hacia la legalidad con acompañamiento institucional. La resolución contempla la “disposición del material de guerra” del grupo, es decir, acuerdos sobre qué hacer con sus armas, un paso crucial hacia la desmovilización, así como garantías de seguridad jurídica para sus miembros en tránsito a la ciudadanía. También exige un plan para separar y atender a los menores de edad que estén vinculados a sus filas, lo cual es fundamental para romper ciclos de violencia intergeneracional y proteger los derechos de la niñez. Con este paquete de condiciones, el Gobierno busca que la ZUT no sea un mero campamento pasivo, sino el inicio de un proceso de transformación: de combatientes a ciudadanos activos en la paz. Para el Catatumbo, lo que podría significar menos jóvenes reclutados por la guerra y más fuerza de trabajo dedicada a proyectos agrícolas lícitos, turismo ecológico u otras iniciativas productivas en una región de enorme riqueza natural (petróleo, carbón, biodiversidad) que hasta ahora no ha podido ser aprovechada de forma sostenible debido al conflicto.

Desafíos y riesgos: seguridad, legitimidad, verificación y Estado efectivo.

Pese a las bondades señaladas, implementar una ZUT en una zona tan compleja implica desafíos serios que no pueden ignorarse. A continuación, se destacan los principales riesgos y obstáculos que deberán gestionarse con equilibrio:

•Seguridad y riesgo de confrontaciones: Ubicar la zona de concentración en pleno Catatumbo, que hoy por hoy es “el epicentro de las confrontaciones” entre el Frente 33 y el ELN, ha generado incertidumbre entre la población local. Habitantes y autoridades, como la Defensoría del Pueblo, advirtieron que la llegada de más hombres armados a Tibú podría agudizar el conflicto en lugar de mitigarlo . Existe el peligro de que el ELN u otros grupos armados vean la ZUT como una amenaza estratégica al brindar refugio protegido a sus rivales y opten por sabotearla o intensificar la violencia en otros lugares. También preocupa que, durante el traslado o permanencia en la zona, ocurran incidentes armados si no se establecen claros protocolos de coordinación con la Fuerza Pública. El Gobierno ha prometido medidas estrictas de seguridad para evitar ataques y proteger tanto a guerrilleros concentrados como a civiles, pero el historial de la región obliga a permanecer vigilantes. Un cese al fuego bilateral robusto y bien comunicado será imprescindible para que la ZUT no se transforme en un blanco o en un polígono de guerra. La comunidad internacional podría apoyar en la verificación de ese cese al fuego, ayudando a disuadir violaciones. Igualmente, habrá que prevenir que miembros del Frente 33 salgan de la zona a realizar actividades ilegales; su concentración debe ser real y supervisada.

•Legitimidad territorial y percepción pública: Uno de los riesgos es la percepción de “cesión de territorio” a un grupo armado. Experiencias pasadas, como la zona desmilitarizada del Caguán a finales de los 90, dejaron un sabor amargo en muchos colombianos, pues las FARC aprovecharon aquel despeje para fortalecerse militarmente, minando la confianza en el proceso de paz. En esta ocasión, el Gobierno ha querido dejar claros los límites: la ZUT de Tibú es temporal, acotada y bajo soberanía plena del Estado, tal como estipula el propio texto de la resolución. No obstante, a ojos de algunos sectores podría parecer que se está premiando a un grupo involucrado en delitos (incluido narcotráfico) con una especie de zona segura. Más complejo aún, en el Catatumbo coexisten comunidades que han sufrido violencias de distintos actores; habrá quienes desconfíen de la presencia de la guerrilla concentrada cerca de sus veredas. Para mantener la legitimidad del proceso, el Gobierno deberá hacer un trabajo pedagógico y de participación con las comunidades locales: explicar los alcances de la ZUT, garantizar que no implicará abusos contra la población y que, por el contrario, traerá inversión social y protección. La transparencia será clave para vencer la narrativa de que se está entregando el Catatumbo a las disidencias. Asimismo, es vital la imparcialidad estatal frente a los actores en pugna: como señaló la Defensoría, proteger al Frente 33 en la ZUT no debe traducirse en ventaja indebida frente al ELN. Mantener canales de diálogo humanitario con el ELN en la zona (aun si la negociación formal con ellos esté en pausa) podría ayudar a evitar malentendidos y demostrar que la paz total no excluye a ninguna de las partes dispuestas a dialogar.

•Verificación y cumplimiento de compromisos: Todo acuerdo de paz se sostiene en la confianza, y esta solo se logra con mecanismos claros de verificación. Un punto débil hasta ahora es que la resolución 161 no detalló qué entidad o mecanismo verificará el cumplimiento de los compromisos en la ZUT. Es indispensable establecer idealmente con apoyo internacional, un mecanismo de monitoreo permanente en Tibú. La experiencia de 2016 enseñó que contar con la ONU como observadora del cese al fuego y la dejación de armas brindó credibilidad y tranquilidad a las partes. La Ley de Paz Total prevé justamente la participación de “instancias nacionales e internacionales” en el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad, por lo que sería coherente invitar a la Misión de Verificación de la ONU (que ya opera en Colombia) a extender sus labores a la ZUT, o en su defecto a organismos como la OEA e incluso a la Iglesia Católica, que históricamente ha acompañado procesos de paz en el país. La presencia de verificadores neutrales ayudaría a confirmar, por ejemplo, que el Frente 33 no incorporará nuevos miembros durante la concentración, que no saldrá con armas de la zona y que progresivamente cumplirá con entregar información para la búsqueda de desaparecidos y la limpieza de minas. Por su parte, el Gobierno deberá cumplir con las reformas socioeconómicas prometidas; de lo contrario, la confianza se quebrará. En síntesis, cada compromiso desde el lado guerrillero y estatal debe ser monitoreado y honrado rigurosamente para que este proceso tenga credibilidad ante la opinión pública. La falta de verificación robusta sería un flanco débil que podrían explotar los enemigos de la paz para hacer fracasar la iniciativa.

•Presencia efectiva y sostenida del Estado: El desafío de fondo, quizás el más estructural, es lograr que esta ZUT sea el comienzo de una presencia estatal real y permanente en el Catatumbo. Históricamente, la respuesta del Estado ante las crisis en la región ha sido principalmente militar y reactiva, sin un plan sostenido de inversión social o fortalecimiento institucional. Esto ha llevado a que amplias zonas quedaran bajo el dominio de economías ilegales y grupos armados, mermando la legitimidad del Estado. Para que la paz arraigue, no basta con desarmar a los guerrilleros: el gobierno debe llenar el vacío de poder con escuelas, centros de salud, carreteras, proyectos productivos y garantías de seguridad ciudadana. La Resolución 161 es explícita en ordenar la “intervención integral” de las distintas entidades públicas en la ZUT, pero ejecutar esa directriz requerirá recursos considerables y coordinación interinstitucional efectiva, algo que suele flaquear en la práctica. Un riesgo latente es que, tras concentrar al Frente 33, otras estructuras criminales (por ejemplo, bandas vinculadas al narcotráfico o incluso disidencias que queden por fuera) intenten llenar el espacio que este grupo ocupara en las economías ilegales. De ahí que la presencia estatal deba trascender el campamento: robustecer la fuerza pública en la región de manera respetuosa de los derechos humanos, impulsar alternativas económicas para los campesinos cocaleros y asegurar que, una vez cumplidos los 7 meses, los excombatientes no tengan tentación de volver a las armas por falta de oportunidades. El éxito de la ZUT se medirá, en buena parte, en si logra romper el ciclo de abandono estatal. Si el Catatumbo comienza a recibir la atención integral que merece, la paz tendrá raíces más firmes. En cambio, si el Estado no capitaliza esta oportunidad y se repliega tras la desmovilización, el riesgo de recaída será alto, una lección que dejaron procesos previos donde zonas liberadas volvieron a la zozobra ante la ausencia gubernamental.

Conclusión: Audacia con equilibrio para afianzar la paz.

La creación de la Zona de Ubicación Temporal en Tibú mediante la Resolución 161 de 2025 representa una apuesta audaz y esperanzadora del Gobierno colombiano para consolidar la paz en una de las regiones más golpeadas por el conflicto. Es una decisión con un profundo valor político y simbólico: reivindica el compromiso estatal con la Paz Total, brinda protección a comunidades vulnerables del Catatumbo y abre la puerta a que antiguos combatientes transiten hacia la legalidad. Sin embargo, esta apuesta solo rendirá frutos si viene acompañada de la responsabilidad y el equilibrio necesarios para sortear los desafíos que conlleva. Garantizar la seguridad en la ZUT, asegurar que ningún actor saque ventaja armada, verificar cada acuerdo y sobre todo, hacer presencia efectiva en el territorio serán condiciones sine qua non para el éxito de esta iniciativa.

En últimas, el establecimiento de la ZUT en Tibú es una luz de esperanza en medio de la oscuridad de la guerra, pero una luz que habrá que cuidar para que no se apague. Lograr que el Frente 33 deponga las armas y que el Catatumbo deje de ser sinónimo de violencia requerirá perseverancia, monitoreo constante y cumplimiento de la palabra empeñada por parte del Gobierno y de los excombatientes. Los beneficios potenciales una paz más genuina para el Catatumbo, comunidades viviendo sin miedo, un territorio productivo y en desarrollo bien valen el esfuerzo. Colombia ya ha aprendido, con sangre y dolor, que la paz no se logra de la noche a la mañana ni con decretos aislados. Pero también ha aprendido que cada paso hacia la paz, por pequeño o incierto que parezca, cuenta. La Zona de Ubicación Temporal de Tibú es uno de esos pasos firmes. Consolidarlo, afrontando con realismo sus riesgos, puede acercarnos un poco más a la meta de una Colombia en paz y con justicia en todos sus rincones  .