Las noticias recientes nos hablan de muertos, heridos y caos. Pero detrás de esas cifras secas, están los rostros de niños que no pudieron volver a la escuela, de familias que lo perdieron todo, de comunidades enteras obligadas a desplazarse para no morir. Como defensores de derechos humanos, en Corpovimadh no podemos permitir que estos hechos pasen como simples titulares de prensa. Lo que está ocurriendo en el Valle y en el Cauca es una tragedia que merece nuestra atención, nuestra acción y nuestra indignación colectiva.

La violencia es más que balas: es hambre, miedo y silencio

Cuando las disidencias de las FARC colocan un carro bomba en Jamundí, cuando atacan estaciones de policía en Morales y Cajibío, cuando secuestran militares en el Cauca o cuando utilizan civiles como escudos humanos, la vida entera de una comunidad se detiene. La violencia no solo deja muertos, deja campos sin cosechar, niños sin maestros, madres sin empleo y jóvenes sin horizonte.

Cada explosión es un retroceso en la lucha por la paz. Cada ataque no solo destruye edificios, destruye confianza. El miedo se instala en las esquinas, en los mercados, en las carreteras rurales. El derecho a la vida, a la libertad, a la educación y al trabajo quedan suspendidos en el aire, y las personas son reducidas a sobrevivientes, obligadas a moverse como piezas de un tablero que nunca eligieron jugar.

¿Dónde está el estado?

Los recientes ataques son el síntoma de un Estado que, en muchas zonas de Colombia, nunca llegó o llegó tarde. Y aunque este gobierno se ha declarado “el gobierno del cambio”, en los territorios más vulnerables los cambios no se sienten, porque la violencia sigue siendo el pan de cada día.

Las comunidades rurales del Valle y del Cauca llevan décadas viviendo entre balas, promesas rotas y olvido institucional. El abandono no solo facilita que grupos armados se fortalezcan; hace que la población no tenga más opción que sobrevivir entre el fuego cruzado. ¿Cómo exigirle a un campesino que confíe en la institucionalidad cuando es el grupo armado el que le resuelve el paso por la carretera, la compra de la cosecha o la seguridad de su vereda?

El problema no es solo la presencia de los violentos: es la ausencia del Estado, de un gobierno que garantice salud, educación, empleo y seguridad con la misma contundencia con la que anuncia operativos militares.

Los derechos humanos no son negociables

En este contexto, desde Corpovimadh debemos ser claros:

Los derechos humanos no pueden ser negociables ni postergables. No podemos aceptar que en ciertas zonas del país las personas vivan con miedo a ser asesinadas, secuestradas o desplazadas, mientras en otras partes se debaten teorías políticas en paz y comodidad. La vida digna debe ser garantizada en todo el territorio, no solo en las ciudades capitales.

Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de la posibilidad de estudiar, de trabajar, de circular sin temor a una mina antipersonal, de no ser reclutado a la fuerza, de no ser desplazado por amenazas, de no tener que mirar por encima del hombro al salir de casa.

Cada ataque terrorista en estos territorios es una violación sistemática y múltiple de derechos humanos:

• Derecho a la vida.
• Derecho a la seguridad.
• Derecho a la educación.
• Derecho a la salud.
• Derecho a la movilidad.
• Derecho a la participación.

La deuda del gobierno: no más discursos, más acción.

El actual gobierno no puede seguir permitiendo que las respuestas a estas crisis sean solo declaraciones de rechazo o consejos de seguridad sin resultados. Las comunidades no necesitan más anuncios, necesitan soluciones concretas:

• Pagos inmediatos a contratistas y comunidades que han sido engañadas y esperan respuestas.
• Presencia integral del Estado: seguridad, salud, educación y vías dignas.
• Acciones contra el narcotráfico, sin criminalizar a las comunidades pobres.
• Acompañamiento psicosocial para las víctimas de atentados y desplazamiento.
• Garantías reales para el ejercicio de los liderazgos sociales y comunitarios.

En Colombia, la seguridad no puede ser una burbuja urbana. Si seguimos creyendo que las víctimas solo existen donde hay cámaras, estaremos condenados a perpetuar esta violencia cíclica.

¿Cómo construimos paz si los territorios siguen sitiados?

Desde Corpovimadh, sostenemos que la paz no se construye solo con firmas y acuerdos; se construye con la presencia diaria del Estado en los territorios, con inversión social, con escuelas abiertas, con carreteras transitables y con comunidades protegidas y escuchadas.

Lo que hoy ocurre en Valle y Cauca no es un conflicto residual: es la expresión de una guerra activa que no ha sido asumida con la seriedad y urgencia que requiere. La violencia seguirá mutando mientras no haya un compromiso político que vaya más allá de la defensa del poder y priorice la defensa de la vida.

Conclusión: La vida debe ser lo primero.

La pregunta que debemos hacernos no es si las disidencias son fuertes o si el gobierno está reaccionando. La pregunta es:
¿En qué momento dejamos de priorizar la vida humana?
¿Cuándo nos resignamos a que haya territorios donde ser niño, ser mujer, ser campesino o ser soldado sea casi una condena?

Desde Corpovimadh no aceptamos esa resignación. Seguiremos acompañando a las víctimas, alzando la voz por quienes fueron silenciados, y recordando que la defensa de los derechos humanos es una obligación ética y política que el Estado no puede seguir aplazando.

No más excusas. No más indiferencia. No más vidas negociadas.