Desde CORPOVIMADH sostenemos que la situación en Puerto Matilde no es una “crisis coyuntural”, sino la manifestación de una emergencia estructural acumulada, producto del abandono institucional, la precariedad del aparato estatal en zonas rurales, y la falta de implementación de políticas integrales de paz y desarrollo con enfoque territorial.

Las comunidades del Magdalena Medio, y en especial aquellas ubicadas en zonas de frontera municipal y departamental, han sido sistemáticamente desprotegidas. Sus habitantes viven entre el miedo al desplazamiento, la presencia de actores armados ilegales, la estigmatización de líderes sociales, la pobreza, y una débil presencia estatal que solo se hace notar cuando la sangre ya ha sido derramada.

La situación en Puerto Matilde nos obliga a cuestionar el modelo de seguridad actual. La militarización no ha frenado el avance de los grupos armados; por el contrario, ha generado nuevas formas de control social armado, extorsión y sometimiento de la población civil.

Derechos humanos: el enfoque olvidado.

La emergencia debe analizarse desde un enfoque integral de derechos humanos, que no se limite a la asistencia humanitaria inmediata, sino que garantice condiciones de vida digna, acceso a la verdad, justicia y reparación para las víctimas, y no repetición de los hechos violentos. El enfoque de derechos humanos exige reconocer que el Estado no puede seguir actuando como un espectador ante el conflicto: su obligación es proteger de manera efectiva la vida, la integridad y el territorio de las comunidades.

Puerto Matilde necesita más que refugio temporal. Necesita escuelas, centros de salud, vías de acceso, proyectos productivos, presencia de defensores públicos, justicia, verdad y garantías para los jóvenes que hoy son carne de cañón de los grupos armados.

Enfoque social y comunitario: escuchar al territorio.

Como Subdirector de CORPOVIMADH hemos acompañado procesos comunitarios que han demostrado que la paz se construye desde abajo. Las comunidades conocen su realidad, sus actores, sus miedos y sus sueños. Sin embargo, históricamente han sido excluidas de los espacios de decisión. Es hora de que los gobiernos, tanto nacional como local, reconozcan el papel central de los líderes sociales, las juntas de acción comunal, las asociaciones campesinas y las organizaciones de víctimas.

Cualquier intervención debe contar con un enfoque participativo. La ausencia de un diagnóstico serio, realizado con las comunidades, perpetúa el fracaso de las respuestas estatales.

Propuestas de salida y alternativas.

Frente a la situación en Puerto Matilde, proponemos:

1. Creación de un corredor humanitario permanente, coordinado con la Defensoría del Pueblo, Misión de la ONU y organizaciones defensoras de DDHH, que garantice la movilidad y seguridad de la población civil.
2. Instalación urgente de una Mesa Territorial de Garantías para Líderes Sociales y Comunidades, donde participen las autoridades locales, organizaciones sociales, la Procuraduría, y la sociedad civil.
3. Implementación efectiva del Acuerdo de Paz, especialmente el Punto 1 (Reforma Rural Integral) y el Punto 3.4 (Garantías de seguridad), con enfoque territorial en el Magdalena Medio.
4. Creación de un fondo especial de inversión social rural, dirigido a proyectos agroecológicos, infraestructura básica, educación intercultural y conectividad, financiado con recursos de regalías y cooperación internacional.
5. Presencia permanente de la Procuraduría, Personería, Defensoría y Fiscalía itinerante, con enfoque en justicia restaurativa, protección a víctimas, y seguimiento a violaciones de DDHH.
6. Campañas de pedagogía para la no vinculación de niños, niñas y adolescentes a grupos armados, con respaldo institucional y comunitario.
7. Monitoreo constante de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, con respuestas concretas y verificables por parte del Estado.

Un llamado urgente.

La situación de Puerto Matilde no puede quedar reducida a un boletín de prensa. Es un llamado a la acción, a la responsabilidad institucional, y a la solidaridad nacional. Mientras los enfrentamientos sigan desplazando campesinos, callando voces y sembrando miedo, la paz seguirá siendo una promesa incumplida.

Reiteramos nuestro compromiso con las comunidades rurales del Magdalena Medio. No dejaremos de acompañar, denunciar y exigir que se respete la dignidad humana, que se escuche a las víctimas y que el Estado actúe, no solo cuando los medios visibilizan una crisis, sino todos los días, en cada rincón olvidado de este país.