La región del Catatumbo, en Norte de Santander, ha sido escenario de una escalada de violencia que ha sumido a sus habitantes en una profunda crisis humanitaria. La Corporación CORPOVIMADH, como observatorio de Derechos Humanos en la región, ha venido realizando un estricto control de vigilancia y seguimiento sobre los hechos, documentando las constantes violaciones a los derechos fundamentales de las comunidades afectadas. Desde enero de 2025, los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC han dejado al menos 60 muertos y han forzado el desplazamiento de más de 55,000 personas.

Este conflicto ha afectado gravemente a comunidades vulnerables, incluyendo a líderes LGBTIQ+ que han sido amenazados y desplazados por su orientación sexual o identidad de género. Líderes como Alejandra Mandón y Theylor Villegas se han visto obligados a huir debido a amenazas de grupos armados, evidenciando la falta de protección efectiva por parte del Estado.

La respuesta del gobierno ha incluido la suspensión de los diálogos de paz con el ELN y el despliegue de más tropas en la región. Sin embargo, estas medidas no han logrado frenar la violencia ni garantizar la seguridad de la población civil. La militarización, sin una estrategia integral que aborde las causas subyacentes del conflicto, corre el riesgo de perpetuar el ciclo de violencia.

Es crucial que el Estado colombiano adopte una postura firme en la protección de los derechos humanos, garantizando la seguridad de todos los ciudadanos, independientemente de su orientación sexual, identidad de género o pertenencia étnica. La implementación efectiva de políticas públicas que promuevan la inclusión y la igualdad es esencial para construir una sociedad más justa y equitativa.

Además, es imperativo que se fortalezcan los mecanismos de justicia y se combata la impunidad. Los responsables de violaciones a los derechos humanos deben ser llevados ante la justicia, y las víctimas deben recibir reparación integral. Solo así se podrá avanzar hacia una paz sostenible en el Catatumbo y en todo el territorio colombiano.

La comunidad internacional también tiene un papel fundamental en este contexto. La vigilancia y el acompañamiento de organismos internacionales pueden ejercer presión para que el Estado colombiano cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos y garantice la protección de sus ciudadanos.

En conclusión, la situación en el Catatumbo es un llamado urgente a la acción. Es necesario que el Estado colombiano, con el apoyo de la comunidad internacional, implemente medidas efectivas que aborden tanto las consecuencias inmediatas de la violencia como las causas estructurales que la perpetúan. Solo a través de un compromiso real con la justicia, la igualdad y la inclusión se podrá construir una paz duradera en esta región.