Los hechos no son aislados ni superficiales. Este incumplimiento estatal afecta directamente el derecho al trabajo, a la movilidad, a la vida digna y, sobre todo, erosiona la confianza de las comunidades en las instituciones. Desde Corpovimadh, organización comprometida con la defensa integral de los derechos humanos, creemos que este caso pone de relieve una deuda estructural del Estado con las poblaciones históricamente olvidadas: la obligación ética y jurídica de honrar los acuerdos.

Incumplimiento que vulnera Derechos fundamentales

Cuando un gobierno no cumple lo que promete, especialmente en territorios golpeados por la violencia, la pobreza y la exclusión, no sólo incumple un contrato: vulnera derechos fundamentales. En este caso, los transportadores de Hacarí cumplieron a cabalidad con la reparación de la vía; sin embargo, el Estado no cumplió con la contraprestación económica que les corresponde.

Este tipo de negligencias comprometen gravemente los derechos al trabajo decente, a la seguridad económica y al bienestar mínimo. No se trata únicamente de saldar una deuda monetaria, sino de garantizar la supervivencia de familias que dependen de esos recursos para alimentarse, educar a sus hijos y mantener sus medios de vida.

Desde la visión de Corpovimadh, los derechos humanos son indivisibles: afectar el sustento de una persona es también afectar su derecho a la salud, a la educación y a la paz familiar. El incumplimiento estatal se convierte así en un acto de violencia estructural.

La necesidad urgente de construir confianza social.

El tejido social de muchas comunidades rurales en Colombia está profundamente deteriorado por años de conflicto armado, corrupción, abandono y promesas incumplidas. Cada vez que el Gobierno firma un acuerdo que luego incumple, contribuye a profundizar esa fractura social, debilitando la confianza en las instituciones.

Los bloqueos, las protestas y las vías de hecho no surgen por capricho. Son respuestas desesperadas a la sordera institucional. Cuando no hay canales de diálogo efectivos ni mecanismos de seguimiento que garanticen cumplimiento, las comunidades recurren a la movilización como último recurso para ser escuchadas.

El gobierno del cambio: ¿Una promesa sin ejecución?

En el marco del actual gobierno, que ha prometido repetidamente ser el gobierno del cambio, resulta aún más preocupante que persistan las prácticas de incumplimiento. Los cambios estructurales no se materializan sólo con discursos ni con visitas territoriales: se concretan con acciones reales, con pagos oportunos, con respeto a la palabra empeñada.

El caso de la vía Ocaña–Cúcuta es emblemático de cómo las decisiones centralizadas y la burocracia pueden obstruir la transformación social que tanto necesita el país. Las comunidades no necesitan más mesas de promesas: necesitan que lo acordado sea ejecutado.

Proteger derechos es cumplir la palabra

Desde Corpovimadh hacemos un llamado claro y urgente al Gobierno Nacional, al Ministerio del Interior y a la UNGRD:

• Exigimos el cumplimiento inmediato del pago de los $450 millones adeudados a los transportadores de Hacarí, quienes actuaron de buena fe y trabajaron en beneficio de la comunidad.
• Solicitamos la instalación de mesas de seguimiento transparentes, públicas y con participación comunitaria, donde se verifique el avance y cumplimiento de los acuerdos.
• Invitamos a las autoridades a reconocer que los derechos humanos no son un trámite ni un favor: son obligaciones inaplazables.

Las promesas incumplidas son violencia institucional

Desde nuestra experiencia en el acompañamiento a víctimas del conflicto armado y comunidades vulnerables, sabemos que la violencia no siempre es directa ni visible. La violencia institucional se manifiesta cuando el Estado posterga, olvida o minimiza las necesidades de las comunidades.

Cuando se incumplen acuerdos que afectan la vida cotidiana de las personas, se profundizan las desigualdades y se habilitan escenarios de indignidad. Y cuando esas promesas incumplidas afectan poblaciones rurales, el daño es mayor porque debilitan las pocas esperanzas que las personas conservan frente al Estado.

Cumplir los acuerdos no solo es una cuestión de administración pública: es un acto de reparación histórica, de reconocimiento, de justicia. Es la oportunidad para que el Gobierno demuestre que está del lado de las comunidades, no simplemente como espectador, sino como garante real de sus derechos.

Conclusión: Cumplir es proteger, cumplir es transformar.

Este no puede ser otro caso más archivado en las estadísticas de incumplimiento. Cada deuda no saldada, cada promesa incumplida, deja huellas profundas en la confianza social y contribuye a perpetuar el ciclo de pobreza, exclusión y movilización forzada.

Desde Corpovimadh, reafirmamos nuestro compromiso de seguir acompañando a las comunidades en la defensa de sus derechos y en la exigencia del cumplimiento estatal. Las vías de hecho no pueden ser la única salida para que las comunidades sean escuchadas. Pero mientras el diálogo sea superficial y los acuerdos no se cumplan, será muy difícil pedir a las comunidades que confíen, que esperen, o que no protesten.

Cumplir los acuerdos es defender la vida, es defender los derechos humanos, y es, sobre todo, demostrar que un Estado puede ser garante y no verdugo de sus propias comunidades.