El reciente atentado con explosivos en el centro comercial Alejandría, uno de los lugares más concurridos de la ciudad, ha estremecido nuevamente a Cúcuta. Las imágenes de pánico, escombros y temor son una dolorosa evidencia de una realidad que no podemos seguir ignorando: la ciudad está siendo devorada por la inseguridad, el crimen organizado y la ausencia de una respuesta estatal efectiva.
Este acto terrorista no solo puso en riesgo la vida de civiles inocentes, sino que se suma a una preocupante escalada de hechos violentos que, en lugar de disminuir, se consolidan como el pan de cada día. El terror se ha instalado en las calles, en los barrios, en los comercios, en las escuelas. Cúcuta vive una crisis silenciosa, sostenida y sistemática que afecta a todas las dimensiones de la vida social y comunitaria.
Un territorio disputado por la criminalidad
Cúcuta, por su ubicación estratégica en la frontera con Venezuela, se ha convertido en un epicentro de múltiples intereses criminales. En su área urbana y metropolitana convergen actores armados ilegales como el ELN, el Frente 33 de las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, bandas asociadas al narcotráfico y redes de contrabando. Cada uno de estos grupos ha trazado sus propias fronteras invisibles, ejerciendo control social, imponiendo normas y cobrando extorsiones como forma de financiamiento.
Esta disputa ha derivado en múltiples formas de violencia: asesinatos selectivos, desapariciones, atentados, cobros ilegales a comerciantes y transportadores, reclutamiento forzado de jóvenes y niñas, y amenazas a líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas. Los grupos armados usan el terror como mecanismo de control, mientras el Estado responde con operativos fragmentados que no logran frenar el avance de estas estructuras.
Infancias en riesgo, barrios sitiados
Uno de los aspectos más preocupantes es la creciente instrumentalización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes al servicio del microtráfico y el crimen urbano. Muchos de ellos son utilizados como campaneros, distribuidores, transportadores de armas o víctimas del reclutamiento forzado. Los sectores más vulnerables —como Comuneros, Belén, Trigal del Norte, Cerro Norte o Motilones— se han transformado en escenarios de guerra no declarada, donde las oportunidades se ven sepultadas por la violencia.
Esta situación ha generado un deterioro acelerado del tejido social: familias desplazadas internamente por amenazas, jóvenes asesinados por no colaborar, mujeres extorsionadas, colegios que deben suspender clases y comercios que cierran sus puertas por miedo.
La ausencia del Estado: más que una omisión
Cúcuta no solo sufre por la presencia del crimen organizado, sino también por la ausencia estructural del Estado. La seguridad no puede entenderse solo como presencia policial. Requiere inversión social, acceso real a la justicia, oportunidades laborales, programas de prevención y atención psicosocial. La actual respuesta institucional —basada en militarización y controles superficiales— resulta claramente insuficiente frente a una criminalidad que se mueve con inteligencia, recursos y redes transnacionales.
Asimismo, preocupa la falta de articulación entre las autoridades locales, departamentales y nacionales. Los planes de seguridad parecen más una suma de discursos que una estrategia coherente. No hay un enfoque territorial ni diferencial. No hay protección efectiva a quienes denuncian. Y no hay un plan integral para frenar el reclutamiento, combatir la extorsión y desmontar las economías ilegales.
Un llamado urgente a la comunidad internacional y nacional
Desde Corpovimadh hacemos un llamado al Gobierno Nacional, a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, a las organizaciones internacionales y a los mecanismos de cooperación: Cúcuta necesita atención urgente. Esta no es solo una ciudad intermedia en conflicto: es una frontera viva, una zona estratégica que requiere intervención con enfoque de derechos, justicia transicional y seguridad humana.
No podemos permitir que se normalicen los atentados, que se silencien las víctimas, que se abandone a la juventud ni que se instale el miedo como forma de vida. Reclamamos una ciudad segura, digna, con oportunidades reales. Reclamamos justicia para las víctimas de la violencia, protección efectiva para los líderes sociales y garantías para los niños y niñas que hoy están en riesgo.
Cúcuta no es una zona de guerra, es una ciudad que quiere vivir. Y vivir con dignidad.
Autor:
Director General de Grupo Técnico y Miembro de la Junta Directiva - CORPOVIMADH.
Fecha de Publicación: 03 de mayo de 2025
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