Los recientes hechos de violencia registrados en la región del Catatumbo durante los meses de mayo y junio de 2026 vuelven a poner en evidencia la grave situación humanitaria que afrontan miles de familias en Norte de Santander. Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, particularmente entre el ELN y las disidencias armadas, continúan generando temor, incertidumbre y profundas afectaciones sobre la población civil, que sigue siendo la principal víctima de un conflicto que parece no encontrar solución.

Desde CORPOVIMADH observamos con preocupación cómo la persistencia de las acciones armadas amenaza nuevamente los derechos fundamentales de las comunidades campesinas, indígenas, líderes sociales, niños, niñas y adolescentes que habitan esta región históricamente golpeada por la violencia. Las alertas emitidas por organismos de derechos humanos y las reiteradas denuncias de las comunidades evidencian que el riesgo de nuevos desplazamientos forzados sigue siendo real y latente.

La experiencia reciente demuestra que cada escalada del conflicto en el Catatumbo termina provocando movimientos masivos de población hacia municipios como Ocaña y especialmente hacia Cúcuta, ciudad que históricamente ha debido asumir gran parte de la atención humanitaria de las personas desplazadas. Las cifras registradas en anteriores episodios de violencia muestran el enorme impacto social que generan estos hechos sobre las familias afectadas, así como sobre la capacidad institucional de los territorios receptores.

Nos preocupa especialmente que la continuidad de los enfrentamientos produzca una nueva ola de desplazamiento forzado, con consecuencias directas sobre el acceso a vivienda, alimentación, salud, educación y empleo para cientos o incluso miles de personas. La Defensoría del Pueblo ha advertido en diferentes oportunidades sobre los riesgos que enfrenta la población civil en esta subregión, situación que exige respuestas oportunas y coordinadas por parte del Estado colombiano.

Como organización defensora de derechos humanos, hacemos un llamado urgente a todos los actores armados para que respeten estrictamente las normas del Derecho Internacional Humanitario y excluyan a la población civil de cualquier confrontación. Ninguna disputa territorial, política o económica puede justificar el sufrimiento de comunidades enteras que solo aspiran a vivir en paz y desarrollar sus proyectos de vida con dignidad.

Asimismo, exhortamos al Gobierno Nacional, a las autoridades departamentales y municipales, a los organismos de control y a la comunidad internacional a fortalecer las medidas de prevención, protección y atención humanitaria frente a los riesgos que hoy enfrenta el Catatumbo. La respuesta institucional no puede limitarse a reaccionar cuando las familias ya han sido desplazadas; debe orientarse a prevenir que estas tragedias vuelvan a repetirse.

La defensa de los derechos humanos exige actuar antes de que la crisis alcance dimensiones mayores. El Catatumbo necesita presencia integral del Estado, inversión social, garantías de seguridad para la población civil y soluciones estructurales que permitan superar décadas de abandono y violencia.

Desde CORPOVIMADH reiteramos nuestra solidaridad con las víctimas, nuestra disposición para acompañar procesos humanitarios y nuestro compromiso permanente con la defensa de la vida, la dignidad humana y los derechos fundamentales de las comunidades afectadas por el conflicto armado.