Lo que se vive actualmente en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta no puede seguir siendo analizado bajo la reducción técnica de la estadística criminal. La violencia que se impone, especialmente en forma de sicariato, extorsión y amenazas sistemáticas, está despojando a la población del derecho fundamental a vivir sin miedo, a ejercer libremente sus actividades comerciales, a habitar sin zozobra sus barrios, y a participar de forma activa en la vida social sin temor a represalias.

La estructura criminal conocida como «Los de la Cordillera» representa hoy una amenaza tangible y persistente. Su método de acción se centra en controlar zonas populares, utilizar la violencia armada como mecanismo de intimidación, infiltrarse en las economías informales y formales mediante el cobro de vacunas, y aprovechar los vínculos con reclusos de alta peligrosidad para continuar delinquiendo desde centros penitenciarios. El asesinato del comerciante Emiro Díaz en Piedecuesta, ocurrido a manos de esta organización, es solo una muestra más de una estrategia sistemática de terror social, que se sostiene sobre la base del silencio obligado de las víctimas y la incapacidad o falta de voluntad de algunas autoridades para erradicar de raíz estas redes delictivas.

Resulta alarmante, desde una perspectiva de derechos humanos, que en medio de un discurso público de reducción del delito, la forma de homicidio predominante siga siendo el sicariato. Esto evidencia que, mientras algunas cifras se presentan como logros, las lógicas de eliminación selectiva continúan vigentes y operando con altos niveles de eficiencia por parte de estas estructuras. Más preocupante aún es que se estén utilizando a menores de edad como instrumentos del crimen, lo que representa una grave vulneración a la infancia y una muestra de la penetración de la criminalidad en el seno mismo de nuestras comunidades.

No podemos pasar por alto que el silencio de muchas instituciones frente a estos hechos ha permitido que la criminalidad se normalice. Las familias que han perdido a sus seres queridos, los comerciantes que han debido cerrar sus negocios por no ceder ante las extorsiones, y los jóvenes que no ven otra opción que vincularse a estructuras armadas por carencia de oportunidades, son víctimas de un abandono estructural que no se soluciona con operativos puntuales ni con ruedas de prensa esporádicas. Estamos ante una crisis que necesita ser reconocida como lo que es: una emergencia social que vulnera múltiples derechos fundamentales, que profundiza la desigualdad, que deteriora el tejido comunitario, y que mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.

El contexto de Bucaramanga y su área metropolitana es hoy un espejo de lo que sucede en muchas regiones del país donde el control territorial ya no lo ejerce la ley, sino el miedo. Las cárceles se han convertido en oficinas de mando para estructuras como «Los de la Cordillera» y otras similares, y la juventud, lejos de estar protegida, está siendo instrumentalizada como mano de obra del crimen.

Desde CORPOVIMADH reiteramos nuestro llamado a la conciencia colectiva: no podemos permitir que se normalice la muerte selectiva, ni que la respuesta institucional siga siendo meramente reactiva. La población civil merece vivir con dignidad, con protección y con justicia. Esta columna es una denuncia, pero también una invitación a que no callemos frente a la injusticia, a que no seamos indiferentes frente a la violencia que cada vez es más cercana, y a que exijamos un compromiso real y sostenido con la vida, la verdad y la paz en nuestro territorio.