Los recientes ataques armados a establecimientos comerciales  como los ocurridos el pasado 7 de julio contra dos talleres de motocicletas son solo la punta del iceberg de una estructura criminal más compleja. Las extorsiones, el sicariato selectivo, el cobro de “vacunas” y la amenaza constante contra quienes se niegan a pagar están sometiendo al gremio comercial a un régimen de terror cotidiano.

Una red criminal que ya había sido advertida.

CORPOVIMADH ha documentado desde hace años la operación silenciosa de alianzas entre bandas urbanas autodenominadas “Los de la M” y el ELN, en varias comunas de Barrancabermeja. Hoy esta alianza ha tomado fuerza mediante estructuras de sicariato que no solo actúan en las calles, sino que son dirigidas desde el interior de centros penitenciarios. Alias como “Mariguano” y otros presuntos cabecillas han buscado “legitimarse” promoviendo discursos de paz mientras dirigen amenazas, cobros extorsivos y estrategias de control social desde la cárcel.

La situación actual es el resultado de una desatención estructural a las advertencias comunitarias, a los llamados de alerta de líderes sociales, y al sistemático desconocimiento de las recomendaciones surgidas en mesas de participación. El Estado ha llegado tarde, y muchas veces, de forma reactiva, con soluciones militares que no desmontan las redes criminales ni protegen integralmente a la población civil.

Desde un enfoque de derechos humanos, la violencia extorsiva representa una grave amenaza al derecho al trabajo, a la libre empresa, a la integridad personal y a la seguridad humana. Pero además, implica una forma de desplazamiento silencioso: comerciantes que deben cerrar sus negocios, familias que abandonan barrios enteros por miedo, y jóvenes cooptados o reclutados por economías ilegales que les prometen poder a cambio de su vida.

Este contexto genera una doble victimización: por un lado, la impunidad frente a los crímenes; por el otro, la estigmatización de las víctimas que no se atreven a denunciar por miedo a represalias o por desconfianza en las autoridades.

El Estado debe actuar más allá del discurso

Celebramos la instalación de la mesa interinstitucional de seguridad que reunió a las autoridades, Cámara de Comercio y organismos judiciales. Sin embargo, no basta con reuniones protocolarias mientras se mantenga la desconexión con las realidades del barrio. Las medidas de seguridad deben ir acompañadas de estrategias de inclusión, prevención y justicia restaurativa.

Desde CORPOVIMADH proponemos:

1. Intervención urgente en las cárceles desde donde se coordinan extorsiones, con auditorías externas, restricción de comunicaciones y judicialización de funcionarios cómplices.
2. Fortalecimiento del sistema de protección al comerciante extorsionado, incluyendo rutas seguras, asistencia legal gratuita y programas de seguridad comunitaria
3. Desmantelamiento de las estructuras de “Los de la M” mediante inteligencia articulada y con enfoque territorial, sin criminalizar la juventud ni castigar la pobreza.
4. Reactivación de mesas populares de seguridad ciudadana, donde las víctimas reales puedan incidir en la construcción de soluciones.
5. Presencia permanente del Ministerio Público y organismos de control en los barrios más afectados, para garantizar vigilancia institucional real.

Barrancabermeja no puede vivir arrodillada

La ciudad no puede seguir arrodillada ante redes criminales que compran voluntades, imponen el miedo y silencian las voces críticas. Exigimos al Gobierno Nacional y a las instituciones competentes que tomen decisiones firmes y duraderas, sin improvisación, sin show mediático y sin pactos de silencio.

Barrancabermeja merece una vida digna. Nuestros comerciantes merecen trabajar sin miedo. Nuestras juventudes merecen oportunidades, no armas. Y nuestras cárceles deben dejar de ser oficinas del crimen.

Desde CORPOVIMADH reiteramos nuestro compromiso con las víctimas, con la verdad, con la justicia social y con la paz construida desde las bases. No vamos a callar. No vamos a retroceder. Y no vamos a claudicar en la defensa de la vida y los derechos humanos en el corazón del Magdalena Medio.